La responsabilidad del Presidente. Razones para una reforma constitucional

A lo largo de nuestra investigación, hemos pretendido llevar a cabo lo siguiente: – Estudiar someramente los principales antecedentes de la institución de la responsabilidad penal y constitucional de los altos funcionarios públicos, en especial del Presidente de la República, partiendo de su origen y evolución en el constitucionalismo comparado, como el impeachment británico, su desarrollo en otros países europeos (Francia, Italia y España), en el régimen presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica, y su recepción en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, México y Venezuela. – Analizar el tratamiento dado en la evolución de nuestra normativa nacional al régimen de la responsabilidad constitucional y penal de los altos funcionarios y del Presidente de la República, lo que nos remite a abordar —aunque de manera no exhaustiva— al instituto conocido entre nosotros, indistintamente, como acusación constitucional, Antejuicio Político o Juicio Político. En el caso particular del Presidente de la República, interesa analizar la racionalidad y los inconvenientes de haber mantenido un régimen excesivamente restrictivo de las posibilidades de acusación e imputación de responsabilidad por delitos cometidos en el ejercicio de la función o por infracciones constitucionales durante el ejercicio del mandato presidencial, todo ello teniendo en cuenta el modelo híbrido o de presidencialismo atenuado que caracteriza al régimen presidencial peruano, en el que el Presidente carece de toda responsabilidad política. – Formular algunas propuestas para la reforma constitucional del régimen vigente en materia de responsabilidad penal y constitucional del Presidente de la República por la imputación de Introducción 14 delitos cometidos en el ejercicio de la función o por infracciones constitucionales, incorporando algunas nuevas causales que puedan hacerla más efectiva al permitir invocarlas durante el ejercicio del mandato presidencial. Con ello se habilitaría un mecanismo —hoy inexistente— de mayor control y contrapeso político a la gestión presidencial, que permitiría también la eventual sanción en caso de conductas arbitrarias o ilícitas, sin que ello afectase sustancialmente o pusiera en peligro la estabilidad política del país, ni desprotegiese el desempeño y la continuidad de la función presidencial.